En junio de 2024, se ha aprobado una legislación novedosa y ambiciosa: la ley de restauración de la naturaleza en la Unión Europea, mediante la cual los gobiernos de los Estados miembros deben elaborar un plan nacional de restauración en un plazo máximo de dos años, es decir, para mediados de 2026.
En el corazón de esta ley está el compromiso de recuperar al menos el 30% de los hábitats degradados para 2030, incrementando este porcentaje al 60% para 2040 y alcanzando el 90% para 2050. Dado que actualmente el 81% de los hábitats en la Unión Europea están en mal estado según la Comisión.
Impactos positivos y negativos en diversos sectores
La implementación de la ley tendrá efectos variados en la economía, impactando de manera directa e indirecta en distintos sectores, especialmente en los siguientes:
- Agrícola: porque esta ley busca proteger la biodiversidad y aumentar los stocks de carbono orgánico en cultivos. Y esto podría reducir la capacidad de expansión de las tierras agrícolas. Pero, a largo plazo, podría tener un efecto beneficioso sobre la calidad del suelo y protección frente a efectos del clima.
- Marino: por el objetivo de restaurar los lechos de pastos marinos y las poblaciones de especies marinas endémicas.
- Forestal: ya que busca revertir la pérdida de conectividad forestal, restaurar los bosques primarios y aumentar la abundancia de aves forestales y reservas de carbono orgánico.
- Construcción: porque busca detener la pérdida neta de espacio urbano verde y cubierta arbórea.
Además, la ley promueve la proliferación de insectos polinizadores y la restauración de la libre circulación del agua en 25.000 km de ríos. Estas medidas buscan asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la economía.
El rol de las empresas
El Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP) publica el informe ‘Estado de Finanzas por la Naturaleza’, que evalúa los flujos de capital con impacto en la naturaleza. Según este informe, los fondos que dañan la naturaleza superan a los que la benefician, una tendencia que debe revertirse para alcanzar los objetivos de la UE. El informe calcula que Europa necesitará 103 mil millones de euros adicionales para revertir esta tendencia, el 80% lo pondrán los gobiernos y el resto el sector privado.
En consecuencia, se vislumbran varios cambios sustanciales para las empresas, por ejemplo:
- Cambios en los subsidios, sobre todo en los sectores agro, pesquero y forestal, orientándolos hacia actividades compatibles con la nueva legislación.
- Generación de incentivos (directos o indirectos a través de financiadores) para inversiones privadas en soluciones basadas en la naturaleza, como siembra de especies nativas con alto valor ecosistémico, implementación de agricultura regenerativa, entre otros.
- Crecimiento de áreas protegidas terrestres y marinas en áreas donde actualmente se permite la actividad agrícola, forestal, minera, construcción o pesquera.
- Introducción de impuestos o regulación actividades desalineadas con los objetivos de la normativa.
Como se vuelve evidente, la nueva ley no solo presenta desafíos sino también oportunidades para las empresas. Es crucial que las compañías evalúen y, si es posible, cuantifiquen sus impactos y dependencias de los recursos naturales. Este análisis es la base para desarrollar estrategias robustas, y es una pieza clave para cumplir con los requerimientos de la Directiva de reporting de Sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) y el Reglamento de deforestación que también aplican o aplicarán pronto a empresas con operaciones en la Unión Europea.
Desde Enace ayudamos a las empresas a evaluar este impacto en sus negocios con el fin de obtener los mas altos ratings de calificaciones ESG de obligado cumplimiento.
