La economía de Europa se encuentra cada vez más presionada. Son tiempos de incertidumbre desde distintos frentes. La industria, el eje central de la estructura productiva desde el siglo XIX, se encuentra inmersa en una travesía con más interrogantes que certezas. La feroz competencia de regiones como Asia, la factura energética, las obligadas inversiones en sostenibilidad y la necesidad de una continua transformación en aspectos como la digitalización y formación están condicionando el día a día de las empresas. Y, por si fuera poco, a todo este complejo panorama se une ahora los anunciados aranceles que quiere aplicar Estados Unidos. Todo ello daña las expectativas del tejido empresarial. Consciente de esta situación, la Comisión Europea decidió hace unos días suavizar las exigencias regulatorias en materia de sostenibilidad, de forma que se reducirá en un 80% las empresas obligadas a presentar informes de impacto de su actividad en materia climática, y rebajar las multas mínimas para aquellas que no mitiguen estos efectos.
En concreto, Bruselas ha revisado la directiva sobre presentación de informes de sostenibilidad por parte de las empresas para limitar el número de firmas que estarán obligadas a remitir esta información a aquellas que superen los 1.000 empleados o los 450 millones en facturación anual, lo que en la práctica supondrá reducir en un 80% el número de firmas que tendrán que hacerlo forzosamente.
Por otra parte, la propuesta de la Comisión Europea pretende garantizar que los requisitos de presentación de información en materia de sostenibilidad para las grandes empresas “no supongan una carga para las empresas más pequeñas en sus cadenas de valor” -algo esencial para las pymes-, así como retrasar dos años, hasta 2028, los requisitos de presentación de información para las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la directiva sobre información corporativa sobre sostenibilidad y que están obligadas a presentar información a partir del año que viene.
Asimismo, la Comisión ha apostado por suavizar la directiva sobre diligencia debida en sostenibilidad corporativa, aprobada hace apenas unos meses, que exige a las empresas identificar y mitigar su impacto sobre la sostenibilidad ambiental o social, incluidos los Derechos Humanos, así como el impacto que tengan las firmas de su cadena de suministros aun cuando estén fuera de la UE. De forma más concreta, Bruselas ha eliminado el umbral que exigía que las multas mínimas en caso de incumplimiento fuesen e al menos el 5% de la facturación anual de la empresa.
La diligencia debida en sostenibilidad corporativa aprobada el pasado año y que ahora aparece matizada tras esta decisión de la Comisión Europea es una continuación de una directiva similar aprobada en 2022 y por la cual las empresas las grandes empresas de interés público con más de 500 empleados deberán presentar este año información sobre el año fiscal 2024. Las regulaciones abarcan diversas materias, como Medio Ambiente, Igualdad, Salud Laboral, respeto a los Derechos Humanos y Ciberseguridad, entre otras facetas. El marco temporal de aplicación de las normas CSRD -ahora pospuesto- establece que los compromisos comenzarán a aplicarse también en 2026 a las empresas de más de 250 empleados y en 2027 a las pymes cotizadas (excepto microempresas) y entidades de crédito pequeñas. El resto del tejido empresarial, compuesto sobre todo por firmas de pequeño tamaño, deberá comenzar a aplicar las reglas en 2029, aunque ahora todo el horizonte temporal queda modificado.
En el Estado, las grandes compañías, especialmente de sectores como la automoción, el aeronáutico y el ferroviario son las que emprendieron el trabajo antes para cumplir con las obligaciones, puesto que son estas firmas las que primero deben ejecutar estos compromisos. En cualquier caso, la rebaja de toda esta carga regulatoria supondrá un alivio para muchas empresas que estaban trabajando a marchas forzadas para cumplir con unos requisitos muy exigentes que no tienen equivalente en ningún otro espacio económico y comercial del mundo –Estados Unidos, China e India lideran la contaminación industrial– y que estaban despertando muchas dudas e incertidumbre por su gran complejidad técnica, según fuentes conocedoras de todo este proceso.
DESCARBONIZACIÓN
Por otra parte, la Comisión Europea propuso también flexibilizar las normas sobre ayudas de Estado y conceder incentivos fiscales para favorecer las inversiones en descarbonización y en tecnologías limpias en la Unión Europea dentro de su plan para reflotar la industria comunitaria sin renunciar a sus metas climáticas. La Comisión calcula que se necesitarán 480.000 millones más en inversiones cada año lograr la transición a una economía de cero emisiones y cree que las ayudas públicas y los incentivos fiscales jugarán un papel crucial para alcanzar este volumen, con el objetivo también de atraigan la deseada financiación privada. El llamado Pacto Industrial Limpio se centrará en dos sectores estrechamente relacionados, como son las industrias de gran consumo de energía y las tecnologías limpias.
